MALESTAR DE INTENDENTES
El Gobierno se apropiaba de fondos desde 2019 y los municipios lo advirtieron ahora cuando les quisieron hacer descuentos
Malestar entre los intendentes porque la administración de Rodríguez Saá les reclama que devuelvan fondos que les coparticipó "por error". Sin embargo, la Provincia les retenía los recursos y le debe a las comunas.
Durante la semana pasada, los intendentes de todas las ciudades y localidades recibieron una nota del Gobierno provincial en donde se les informaba que se había liquidado mal la coparticipación municipal y por ello debían devolver ese dinero cobrado en exceso.
El Gobierno provincial se excusó del "error" imputando la impericia al Gobierno nacional. En su descargo les comunicó que la gestión de Alberto Fernández “incorporó como recurso coparticipable a los provenientes de la Ley de Financiamiento Educativo Ley 26.075”. Es decir, que el Gobierno nacional habría transferido a la Provincia fondos sin la debida discriminación de su origen, circunstancia que redundó en que los funcionarios provinciales coparticiparan a los municipios los fondos correspondientes a la Ley de Financiamiento Educativo.
El importe involucrado no es para nada poco significativo. Así, para marzo se pretende cobrarle al conjunto de los municipios la suma de $ 580.673.832,35 en cuatro cuotas “diarias”: 9, 10, 11 y 14 de marzo.
El asombro y descontento de los jefes comunales no se cimentó exclusivamente en la desprolijidad en los cálculos aritméticos elementales, sino también porque de la propia nota de los funcionarios de Alberto Rodríguez Saá quedó en evidencia que hace más de tres años que el Gobierno provincial viene liquidando mal la coparticipación en detrimento de las comunas, apropiándose fondos que son de los municipios.
“Nos dicen que se equivocaron porque nos mandaron dinero de la Ley de Financiamiento Educativo, pero desde el año 2019 ese dinero es coparticipable a los municipios. Es decir, no solo que no nos pueden descontar esos fondos que son nuestros, sino que nos deben girar lo que hace más tres años nos deberían haber empezado a enviar. Como los funcionarios provinciales nunca nos explican cómo calculan la liquidación de la coparticipación que nos mandan, siempre pensamos que los fondos de la Ley de Financiamiento Educativo conformaban la masa coparticipable. Ahora nos venimos a enterar que no era así y que se están quedando con fondos que son nuestros”, manifestó un funcionario municipal a El Chorrillero.
Desde el presupuesto nacional del año 2019 se modificó la redacción del artículo que determina el monto anual de la Ley de Financiamiento Educativo, disponiendo su coparticipación a los municipios. Pero el Gobierno de San Luis hizo caso omiso a las sucesivas leyes nacionales y se quedó con la totalidad de dichos fondos municipales.
El artículo 19 de la Ley 27.465 (Presupuesto Nacional 2019), aplicable también al año fiscal 2020 (Disposición Administrativa Nº 1/2020 JGM), y el artículo 14 de la Ley 27.591 (Presupuesto Nacional 2021), aplicable también al año fiscal 2022 (Disposición Administrativa Nº 4/2022 JGM) establecen que se debe asegurar el reparto “automático” de los recursos a los municipios para cubrir gastos ligados a la educación formal y “no formal”.
A pesar que desde 2019 los fondos que recibe la Provincia con motivo de la Ley de Financiamiento Educativo deben ser coparticipados automáticamente a los municipios, no los coparticipa.
Los intendentes tienen la obligación legal de defender los intereses de los municipios que administran por lo que quedará ver qué medidas adoptarán frente al descuento compulsivo que está realizando el Gobierno provincial, como también frente a la deuda que tiene la Provincia generada a partir del año 2019 por no coparticipar los fondos de la Ley de Financiamiento Educativo; bajo riesgo de incumplir con sus obligaciones de funcionarios públicos y administración ruinosa del erario público que tienen a su cargo.